Entérate, Rompetechos: no hay que recentralizar, ¡hay que privatizar!

Malo es cometer un error, peor perseverar en él, peor aún, repetirlo.

Esta crisis sanitaria nos está dejando muchas lecciones, y mostrando muchas evidencias. Si algo hemos de hacer al respecto, al menos, es aprender la lección, y prepararnos para el futuro.

Como ya he dicho antes, la principal consecuencia que deja la infección por Coronavirus es que ha mostrado bien a las claras las carencias y fallos de nuestro sistema sanitario. Nunca nadie podrá volver a argumentar que la Sanidad Española es de las mejores del mundo, siquiera sea porque, como decía Lenin, los hechos son testarudos, y la estadística de muerte ahí quedara, para siempre, para nuestra vergüenza. Comparar las cifras de muertos con las de otros países, más o menos civilizados que el nuestro, dejará en la historia una tacha que ya nunca podremos borrar.

La gestión política de la crisis ha sido, qué digo, está siendo, nefasta. Décadas de descentralización, de complejización, del servicio sanitario, por CC.AA. por provincias, por sectores, no se devuelven al Estado Central de la noche a la mañana y hacen que un sistema centralizado pueda atender eficazmente ese laberinto de diferencias asistenciales y peculiaridades que se ha adquirido.

Los que defendemos que la solución para nuestro país es adelgazar su Administración, cerrando las Comunidades Autónomas y todos sus chiringuitos, clientelas, mamandurrias y corrupciones, podemos entender que un sistema centralizado, por economía de escala, por ejemplo, va a poder atender de forma más eficaz un servicio que, dentro de la nación, debe garantizar la igualdad, asistencial y de medios entre todos los españoles. Pero una vez que el sistema está fragmentado, intentar controlar toda la información, procesarla y ser eficaz en aplicar las conclusiones, de la noche a la mañana, es una tarea imposible.

En la película Estado de Sitio, el personaje que interpreta Bruce Willis, caracterizado como general, decía una gran verdad: el ejército no es un bisturí, es un sable. Cuando un único agente tiene que afrontar un sistema muy complejo, no puede, ni por capacidad, ni por medios, ni por tiempo, tomar la mejor solución, igualmente compleja y sofisticada, que sería la óptima. No. Lo que hace es ir a lo gordo, soluciones sencillas, burdas, generales. Eso los liberales lo sabemos bien. 

Y empezamos con el primer error: El confinamiento. Los que pusimos el grito en el cielo, primero por la conculcación de libertades individuales que supone la prohibición de los derechos de reunión y de libre circulación, pero sobre todo porque es suicida tapar las vergüenzas de un sistema que carece de suficientes UCIs como para digerir en pocas semanas los enfermos que, aunque sea por una simple gripe, se iban a producir a lo largo de todo un año, a base de paralizar el país y, con ello, cerrar toda la actividad económica, estamos ahora mordiéndonos los puños, de rabia e impotencia. El confinamiento no cura, no es una medicina. Sólo es un retardante, porque el Gobierno quería impedir que la fotografía de cientos de ataúdes amontonándose en las morgues cuestionase el gasto que nos supone esta sanidad, y, porqué no decirlo, sus sueldos. Como dije en mi anterior artículo, tarde, mal y sin perspectiva de propósito de enmienda, no sólo tienen ya esa foto, sino que además añadirán el paro, el hambre, la desindustrialización y la deuda futuros a la misma.

Parar la industria, la logística, la actividad mercantil y empresarial es la peor decisión que se podía tomar. El Gobierno Central toma el control de todos los medios sanitarios existentes en el país y con ello intenta con los medios de un único gabinete, realizar el trabajo que antes realizaban diecisiete, más todo el del tejido privado. No puede, nunca habría podido. Ante la inacción, la sociedad civil se encuentra presa, es más eficaz una ancianita cosiendo cincuenta mascarillas con su singer de hace un siglo que una empresa de sábanas que se podría haber reconvertido en horas, para fabricar centenares de miles. Todos sus trabajadores están en su casa, era actividad no esencial, y el empresario primero no quiere arriesgarse a que el fruto de ese esfuerzo sea confiscado con pago ad calendas, segundo bastante tiene haciendo números para ver cómo puede pagar los gastos fijos, entre los que se encuentran trabajadores inactivos, y tercero muy posiblemente ya se encuentra descapitalizado no solo por crisis anteriores, sino porque está asado a impuestos por una Agencia Tributaria que destroza la tesorería como Saturno devora a su hijo.

A los políticos, socialdemócratas de todos los signos, les gusta el gasto público como a los tontos las piruletas. Siempre te justificarán el déficit “porque hay que invertir para que el estado de bienestar crezca”. Pues mira, una crisis imprevista, no contemplada por esas inversiones, necesita de un remanente para poder afrontarla. A la gente de izquierdas no, pero a los patriotas de derechas que ponen a la nación como valor supremo, oírles defender el gasto, por encima del ingreso, impidiendo ese ahorro, esté en manos del Estado, esté en manos de agentes privados, ha sido como oír a la Pompadur defender la castidad. Graciosos, si no fuese todo tan dramático. Y no revisan sus principios, los muy canallas.

Paralizar los canales de distribución, paralizar la actividad mercantil, está resultando criminal. El Gobierno no sabe dónde están los stocks de medicinas, de tests, de mascarillas. Enterarse, incautar, gestionar los permisos de tránsito, distribuir racionalmente a tiempo todos esos recursos es imposible. IMPOSIBLE.

Al final, la centralización se ha vuelto papel mojado. Han sido las Comunidades Autónomas las que, mejor o peor, han acabado tomando las decisiones, o imitando las decisiones exitosas de otras Comunidades. Decisiones, como las de generar macro centros asistenciales de emergencia, que deberían haberse tomado cuando felices e ignorantes, flipábamos viendo como China construía los suyos. El sector privado habría reaccionado antes, mediante la maravillosa herramienta del capitalismo que es la especulación. El empresario que hubiese montado el Hospital en el Ifema hace un mes ahora se estaría forrando, pero habría arriesgado su capital, quizá lo hubiera perdido. Y lo mejor de todo, es que a los ciudadanos no sólo nos habría costado menos dinero, sino que, y más importante, menos vidas, y menos desesperación.

En una situación de emergencia, en la que los stocks de productos, por ejemplo EPIs, de las grandes empresas productoras se agotan en segundos, merced a las compras estatales, el Gobierno no puede gestionar la compra de esos equipos a pequeñas y medianas empresas, capaces de decuplicar la producción de las multinacionales en horas, entre todas a las vez, porque son demasiadas,  centenares de miles. Ágiles, deseando ganar un dinero aunque hayan de venderlas al coste, mas un sano y razonable Beneficio Industrial estimado por Real Decreto. Es incapaz a su vez de gestionar las logística, de financiar, de reconducir trabajadores. Pero no sólo es que no puede, es que no quiere. Simple y llanamente, porque el gasto público tiene un corolario que al político aún le gusta más: La comisión. Y es más fácil trincar una comisión de una venta de centenares de miles de test que hacerlo de centenares de miles de ventas de unos pocos tests (ya no entro en que, encima, haya proveedores vetados por razones políticas). Por supuesto, centralizar la compra de tests, sea con la intención de trincar o no, implica quitárselo por ejemplo a las farmacias, a las que simplemente han prohibido comercializar, precisamente, los bienes más demandados para afrontar la enfermedad. La única consecuencia lógica de toda esa política era el desabastecimiento y la carestía. Ése es el segundo y grave error.

Saldrá información respecto de los test fallidos que nos dará ganas de quitarle el polvo a los garrotes y barrer el centro de las plazas principales de nuestras ciudades.

El Gobierno debe cesar inmediatamente la política de confinamiento, restringiéndola a los mayores de 60 años y personas de riesgo, proporcionando formación sanitaria por los medios de comunicación, para profilaxis en primer término y su atención sanitaria en segundo, que mira, eso sí lo han hecho bien, es lo primero que han “militarizado” (para censurar, por supuesto) Hay que reactivar lo poco que quede de economía, ponerla al servicio de este estado de guerra real en el que estamos, mediante ofertas de precios. Deben dejarse de ayudas, de ERTES, de paliativos. El Estado simplemente no es una cornucopia de dinero. Puede pagar los salarios de unos pocos, redistribuyendo el dinero de los demás, pero no puede pagar a todos a la vez. Con mascarillas y guantes obligatorios, los españoles debemos poder volver a salir a la calle, YA.

La Sanidad que tenemos se jactaba de ser de las mejores y menos caras del mundo. Muchos sabíamos que era barata porque, en régimen de monopolio, la Administración puede permitirse el lujo de contratar a sus trabajadores en unas condiciones que no admite (e incluso prohíbe y persigue) al sector privado. Tan malo es que haya auxiliares administrativos que no hacen falta, en régimen laboral de privilegiados funcionarios como que haya enfermeras en régimen de interinidad con una precariedad que el propio gobierno persigue como ilegal en otros sectores. Que profesionales médicos, con una responsabilidad civil y penal del carajo, estén cobrando poco más que el celador que tira de las camillas, no tiene nombre. ¿Que en un sistema privado las diferencias salariales serían más evidentes? si, ¿y qué, si es lo justo? Pero es que además, ahora sabemos que, desde luego, no es de las mejores del mundo.

Hay que privatizar las sanidad. Devolverla a los ciudadanos, no al Estado Central. Es lo más eficaz. Eso implica privatizar los proveedores de servicios sanitarios y las aseguradoras. Para que se me entienda, hay que extender el modelo MUFACE a todos los ciudadanos, y el modelo ALCIRA a todos los agentes sanitarios. Que el Estado nos pague una póliza sanitaria, en la que quede bien clara la responsabilidad de las aseguradoras, y el posible estrago que han de asumir. Una clausula ha de especificar la morbilidad y mortalidad máxima a la que deben poder hacer frente, clausula que echo de menos en mi contrato social actual (y es que lo malo del contrato social es que, además de obligatorio, ha resultado ser opaco). Una lista de aseguradoras homologadas recibirán el pago de nuestra póliza directamente del Estado, la aseguradora que queramos, la que nos ofrezca los mejores profesionales o los centros más cómodos para nosotros. Las pólizas de la gente que viva en las zonas donde la provisión de la Sanidad no sería rentable para una empresa privada lo serian porque no podrán rechazar afiliaciones, y tendrán que dotar de igualdad en base a unos estándares de calidad baremados. El Estado nos garantizará la Sanidad pero no se dedicará a proveerla a base de costosos funcionarios y obra pública.

La verdadera igualdad entre los ciudadanos es en derechos y obligaciones, todo ese enfrentamiento entre sexos es la bolita de un inmenso trile que no nos deja ver que ya hay desigualdades en nuestros derechos no en función de nuestro sexo, sino de si vivimos en el campo o en la ciudad, o de si vivimos en una Comunidad Autónoma u otra, y, a veces, dentro de la misma ciudad, de si vivimos en los números pares o impares de una calle, ya que un lado pertenece a un sector sanitario que cuenta con aceleradores, por ejemplo y el otro, no.

Es INHUMANO que la gente no pueda acompañar a sus seres queridos en sus últimos momentos. Incluso ante una pandemia, has de poder ofrecer a tus asegurados (aunque sean de la Seguridad Social, o precisamente si están asegurados en ella), una póliza que cubra su posible contagio atendiendo a sus seres queridos. Aunque sea más cara. Estoy seguro de que la mayoría de los ciudadanos están dispuestos a asumir ese gasto.

Y un punto aparte quiero dedicarlo a la oposición. Tradicionalmente, la oposición tiene dos formas de actuar: una es oponerse frontalmente a lo que diga el Gobierno y otra es exigir mayor dureza a las medidas que proponga el Gobierno. Y esa forma de actuar, esa ceguera, personificada en la figura icono del anterior régimen, Rompetechos, debe cesar. La oposición tiene la obligación de analizar por sí misma el problema, y no sólo proponer su propia solución, aunque coincida parcialmente con la oficial, sino también actuar. Hay Partidos de la oposición que tienen buenas y consolidadas redes de militantes, gente capaz de ponerse a trabajar, con figuras útiles y formadas para este caso. La oposición más radical al Gobierno socialista nos habría metido en casa antes, habría colapsado antes la economía. Que ya no entro en que algunos de ellos hayan sido vectores de contagio, por hacer luego lo contrario que predicaban, esa es otra historia que ya veremos luego cómo se resuelve.

En un sistema privado, pasada la pandemia, las denuncias por mala praxis y por desatención destrozarían las arcas de las aseguradoras. Han dejado morir a la gente sin asistirles, no han proporcionado un servicio que habríamos pagado. Sus gestores estarían no en la calle, sino en la cárcel. Y, personalmente, es lo que creo que los políticos habrían de tener en su futuro vital. Cárcel, expropiación y deshonra.