El Seguro

Paro y pensiones; distintos pero no independientes.

Para poder profundizar en las relaciones entre estas dos figuras, hay que empezar por entender qué es la Seguridad Social.

En teoría, es el mecanismo por el que muchos de nosotros obtenemos servicios por parte del estado, pero, ¿se han parado alguna vez a pensar en qué consiste realmente?

A los que les queden familiares mayores, muy posiblemente les habrán visto referirse al sistema sanitario como “el seguro” “-me voy al seguro a que me receten algo para el dolor de espalda” “-me dicen en el seguro que esta receta/tratamiento no la cubren” etc.

Y es que en definitiva, la Seguridad Social nos proporciona sus prestaciones en forma de seguro; bueno, más bien como una combinación de seguros y planes de pensiones. Porque esencialmente es eso, un seguro de salud, un seguro de desempleo y un plan de pensiones, todo en una única cuota. (Para los autónomos, a día de hoy, de la nada despreciable cantidad de 274,95 €/mes, y hasta hace dos días, sin el servicio por desempleo). Lo malo es que, actualmente, el estado, como última instancia valedor de estos servicios, ha llevado la figura de la Seguridad Social muy lejos de la forma en la que efectivamente funcionan las aseguradoras “reales”.

Todos conocemos cómo funcionan los seguros, y la verdad es que, en nuestra vida, estamos rodeados de multitud de servicios que funcionan como seguros. Y llama la atención que, a la hora de intentar racionalizar el gasto sanitario o por desempleo, no se acuda, por parte del gobierno, a las herramientas que, en el mercado, las aseguradoras usan habitualmente.

Y me estoy refiriendo, por ejemplo, al copago. Todos nosotros sabemos, cuando tenemos un accidente, que hacer uso de nuestro seguro para reparar los daños causados en nuestro vehículo o en el de un tercero, puede acarrearnos una subida de la prima, o la pérdida de bonificaciones. Sin entrar en el detalle, que podría debatir la fórmula en la que esos recargos, en el uso de la Sanidad, por “partes innecesarios” o consultas sanitarias excesivas, o sobremedicación, se podrían repercutir en la cuota de la S.S. a los asegurados, o en la pensión a los pensionistas, lo cierto es que, percibir por parte del usuario, que van a tener un perjuicio económico por el abuso de las prestaciones del seguro, es fundamental para optimizar su disfrute.
El copago muestra, bien a las claras, ser una solución poco imaginativa para un sistema, de puro estatalizado, caótico, oneroso y descontrolado. Por no hablar ya de céntimos sanitarios y otras figuras que difuminan los límites entre la S.S. y el Estado, añadiendo confusión e ineficacia.

Otro de los ámbitos donde se hace patente que no se están aprovechando las herramientas que un seguro podría ofrecer, es en la percepción de los seguros de desempleo. El paro, para que nos entendamos. Es habitual ver cómo la gente, al quedarse en paro, se plantea períodos de inactividad porque éstos quedan, directamente, subvencionados. Independientemente de la capacidad para volver a encontrar empleo, la S.S. da una retribución mensual que no depende, para nada, de ningún factor que incentive al perceptor a cambiar su situación. Y lo cierto es que, al estar combinado este seguro de desempleo con un plan de pensiones, la S.Social podría, perfectamente, indexar la futura cuantía de la pensión a percibir al uso que el asegurado haya hecho de su seguro de desempleo. En otras palabras, que el usuario entienda que, por percibir cuotas por desempleo, está perdiendo un capital que en el futuro podría hacerle falta. Lógicamente, si se establecen pensiones mínimas subsidiarias, siempre habrá un incentivo, a partir de cierto punto, para hacer uso total de la prestación de desempleo, pero, en cualquier caso, que los usuarios pudiesen adaptar, interactivamente, la cantidad a percibir por desempleo, de forma que dispusieran únicamente de las cantidades necesaria para “pasar el bache”, porque el abuso supondría la merma de su pensión futura, la diferencia con el sistema actual sería abrumadora.

En cualquier caso, la transición hacia unos planes de pensiones por capitalización de las aportaciones de cada individuo, y no este sistema más propio de una estafa tipo ponzi que otra cosa, se hace inevitable. Porque, de esos 274,95 € referidos al principio, ¿qué cuota corresponde al seguro sanitario? ¿cuál al de desempleo? ¿qué cantidad se está destinando a mi pensión?

Porque una aseguradora estatal, al margen de el sobrecoste por la propia ineficacia de la gestión pública, (¿qué hacían decenas de miles de usuarios con tarjetas sanitarias que no les correspondían?) tiene una serie de ventajas muy competitivas respecto de los planes de pensiones privados. Loterías, paradores, valores inmobiliarios como el alquiler de inmuebles sanitarios públicos, obras de arte, etc.* son activos privilegiados con los que sólo un seguro público podría contar. Al margen, claro está, de que una cosa es imponer un seguro obligatorio de las características de la actual S.S. a todos los ciudadanos, y otra es que, además tengamos que morir al palo de la contratación con la entidad pública. Con garantías suficientes, cualquier español tendría que poder acudir a un producto equivalente otorgado por entidades privadas.
* La deuda actual del estado con la S.S. justificaría, sobradamente, la transmisión de estos activos desde el estado a su caja.

Existen muchas más relaciones que el esquema del seguro puede adoptar para optimizar el servicio que los ciudadanos recibimos. En todo caso, la participación de entidades privadas en este juego dependería de la desactivación del actual sistema económico, que invariablemente provocará burbujas que acabarían con los activos privados que garantizasen pensiones y prestaciones privadas, ya que, en definitiva, las cuotas de un seguro se destinan a la generación de activos que proporcionen las prestaciones futuras. Y dichos activos no son inmunes a las burbujas que un sistema que permite la reserva fraccionaria de la banca generan.
Otras figuras, como las pensiones de viudedad, deberían adaptarse a estos esquemas, y dejar de ser figuras más propias casi del antiguo testamento que de una sociedad en igualdad.

Los reaseguros y la subsidiarización de aquellas personas que, por diversos motivos, no pudiesen acceder a estos seguros, darían para otro debate, pero no sería sino la sofisticación de un sistema que, en su concepto, ha demostrado funcionar mejor que nada.